Una concentración por la defensa del Estado Social de derecho y la Universidad Pública
- Consejo Nacional de Rectores convoca a las comunidades universitarias y a la sociedad costarricense a la concentración este miércoles 24 de febrero, a las 10:00 a.m., frente a la Asamblea Legislativa.
23 de febrero del 2021. En ejercicio que asiste a toda persona ciudadana de expresarse de manera libre y pacífica, el Consejo Nacional de Rectores convoca a las comunidades universitarias y a la sociedad costarricense en general a la concentración en defensa del Estado Social de derecho y de la Universidad Pública., este miércoles 24 de febrero, a las 10:00 a.m., frente a la Asamblea Legislativa.
El objetivo es comunicar, una vez más las preocupaciones y rechazo al proyecto de ley sobre empleo público. Francisco González, presidente de CONARE explicó que “tres razones fundamentales nos asisten: la primera es que no podemos aceptar que este proyecto de ley viole los principios constitucionales que le otorgan a las universidades estatales la potestad de organizarse de acuerdo a los fines y los principios de sus propios estatutos; la segunda es que no podemos de ninguna manera aceptar que el ente rector en materia de empleo no sean las mismas universidades que tienen la experiencia y la potestad de elegir los mejores perfiles, de generar las mejores capacitaciones y de seleccionar a las mejores personas funcionarias para las universidades y en tercer lugar rechazamos todo atropello al Estado Social de derecho que genera este proyecto”.
CONARE resalta que de forma responsable y en ejercicio de la autonomía, las autoridades universitarias han asumido medidas que garantizan el acceso a la educación de calidad, la permanencia de los estudiantes y la sostenibilidad de las instituciones de educación universitaria. Sin embargo, con la misma responsabilidad debemos defender la Autonomía de las Universidades Públicas, frente a intereses particulares de sectores económicos y políticos.
El artículo 84 de la Constitución Política otorga a las universidades públicas independencia en el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica. Además, les garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí mismas, sin interferencias de grupos o sectores externos políticos y económicos.
Complementariamente, la Sala Constitucional se ha manifestado sobre los alcances de la autonomía universitaria. La sentencia de la Sala Constitucional No. 1993-01313, del 26 de marzo de 1993, es clara al manifestar que “las Universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.
Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por ésto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico”.
La Sala en el Voto 1313-93, indicó que, dicha autonomía especial:
“…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal. (…) Son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas.”
Por tal motivo, el Consejo Nacional de Rectores hace un llamado a las y los diputados a recordar el juramento de respeto a la Constitución Política, en un país democrático y de derecho como el nuestro.
