Criterio ético de distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021

En un momento histórico, en el que la humanidad se enfrenta al brote creciente de una enfermedad hasta el año 2019 desconocida, que implica que la población no tenga los anticuerpos necesarios, Costa Rica debe hacer frente a uno de los eventos más demandantes en la historia de su sistema de salud. El ejercicio de la práctica médica debe ir acompañado necesariamente de un punto de vista ético, cuya función es ayudar a los y las profesionales de salud en general a tomar la mejor decisión en los casos que se presentan en su labor diaria. De manera constante, el deber de cuidar al paciente es uno de los puntos fundamentales, y mayoritariamente es para lo que son entrenados en sus años de estudio. Sin embargo, ante situaciones de emergencia se debe establecer un balance entre ese deber de cuidar individualmente y un deber de promover la igualdad en la atención de las personas necesitando de un acercamiento adecuado en la distribución de riesgos y beneficios en la sociedad. Lo anterior puede crear una tensión importante en profesionales de salud, los cuales no están acostumbrados a trabajar en condiciones de emergencia de gran magnitud, y más aún, con recursos limitados, particularmente en países como Costa Rica ante brotes como el del SARs COV 2.
En el contexto actual de aumento de casos (un promedio de 2248 casos en los últimos siete días) y saturación de los servicios de salud (1312 personas hospitalizadas de las cuales 459 están internadas en Unidades de Cuidados Intensivos al 11 de mayo), se tiene un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. En este sentido, se requiere analizar un criterio ético que pueda hacer frente tanto al proceso de distribución de vacunas y otros recursos en este momento, pero a la vez que puedan ser una guía que permitan generar confianza a la población de que efectivamente las vacunas son un mecanismo eficiente para bajar las tasas de contagio y permitir un respiro a los sistemas de salud y a la recuperación económica.
El respeto a la dignidad humana, debe ser el principio rector de todo el proceso de distribución de recursos. Un primer criterio ético sería pensar en una aproximación utilitarista (Mill, 1857), esto es, el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Pero este criterio debe ir acompañado de un principio de justicia y un principio de beneficencia. En el caso del primero, una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional, recordando que no se deben brindar tratamientos ni utilizar vacunas que causan más daño que bien- ya que entre más opciones de vacunas se tengan, se maximiza el beneficio para la población, en consecuencia tanto a nivel de salud como de economía se da una mejoría, esto considerando el hecho de que de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso. La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, con un alto grado de afectación, con herramientas limitadas para defenderse de esta enfermedad y sus mecanismos de transmisión, de forma específica, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; en otras palabras aplicando el principio de justicia y pensando en el mayor beneficio (por restringir el avance del contagio), este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.
El criterio de dignidad humana es fundamental para la toma de decisiones que redunden en un beneficio para la sociedad, permitiendo establecer un justo equilibrio entre las necesidades económicas y la salud. Previendo el peligro que supone a la vida de las personas que habitan Costa Rica, es comprensible que se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justifica, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia en un grupo social, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país para evitar el mayor daño a los demás.
Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riegos, y eso es en parte una responsabilidad de todos los que formamos parte del país, aplicando un principio de justicia y beneficencia.
A mediano y largo plazo, se requieren medidas en favor de la protección de la biodiversidad y disminuir las inequidades sociales, ambos elementos que requieren políticas para minimizar o incluso evitar condiciones similares a las que experimenta la sociedad costarricense en la pandemia actual. En consecuencia, se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión a los sistemas de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.
Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, esto implica un aumento en las probabilidades de cometer errores, así como la disminución de las posibilidades de atención óptima. Por otra parte, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del Covid-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público del país, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.
En el caso de Costa Rica, conociendo con antelación la situación de otros países donde se inicia el agotamiento del sistema sanitario, se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, por lo tanto, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado (por ejemplo, estudiantes de último año).
En conclusión:
- Tomar decisiones considerando como prioritario el respeto a la dignidad humana. (Personal de salud y población en general)
- Aplicar un criterio de maximizar el beneficio para el mayor número de personas apelando a principios de justicia y beneficencia.
- Ante la disyuntiva de salud vs economía, y con los datos de grupos afectados, aplicar una justicia redistributiva y vacunar a los grupos más vulnerables y expuestos al virus, permitiendo que los que pueden hacer teletrabajo se mantengan en esta opción mientras se cuentan con más vacunas y se baja la tasa de contagio y hospitalización.
- Aumentar la oferta de vacunas, incluyendo otras marcas que hayan sido aprobadas por entes reguladores internacionales. Esto es imperativo para lograr disminuir las hospitalizaciones y maximizar las defensas del sistema inmune de la población ante este virus.
- Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, ya que la falta de esta genera incertidumbre entre la población, sectores económicos y demás integrantes de la sociedad civil, y tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.
- Elaborar estrategias para la atención de la salud mental de los profesionales de la salud y la población en general.
- Velar por la protección adecuada del personal del sector salud puesto que se enfrentan a un desgaste físico, emocional y mental que puede tener implicaciones importantes en el control de la enfermedad.
- Se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del Covid-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público del país, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.
- A mediano y largo plazo, se requieren medidas en favor de la protección de la biodiversidad y disminuir las inequidades sociales, ambos elementos que requieren políticas para minimizar o incluso evitar condiciones similares a las que experimenta la sociedad costarricense en la pandemia actual.
- A largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, pensando en los costos individuales del encierro y su traducción social, esto tiene que ser pensando en la reconstrucción de una sociedad post-covid que sea más equitativa y solidaria
- Fortalecer las redes de trabajo y comunicación interinstitucional, y procurar espacios de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la salud, en el contexto actual y futuro.
Documento de CONARE elaborado por:
Master Sara Mora Ugalde
Doctor Allan Gonzalez Estrada
Escuela de Filosofía
Universidad Nacional de Costa Rica
Bibliografía
Mill, J. S. (1863) Utilitarianism. London, Parker, son, and Bourn. [Web.] Retrieved from
the Library of Congress, https://lccn.loc.gov/11015966.
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-
vaccination/coronavirus-vaccine/
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_vacunacion_contra_covid19_v2_25012020.pdf