CONARE expresa su solidaridad con la Universidad Centroamericana y repudia los actos de la dictadura Ortega-Murillo en contra de la Academia nicaragüense
18 de agosto del 2023. El Consejo Nacional de Rectores manifiesta su rechazo y oposición ante la confiscación de todos los bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias en contra de la Universidad Centroamericana (UCA) por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este hecho se suma a las arbitrariedades y actos violentos en contra de la academia nicaragüense, que ha caracterizado el gobierno autoritario Ortega-Murillo, quienes consideran a los centros universitarios una amenaza por forjar un pensamiento crítico.
La postura crítica de la Universidad Centroamericana al régimen de Ortega y la defensa de una sociedad justa, la protección de la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense condujo al ataque, a la persecución y a la asfixia económica, que provocó la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas.
Esta lamentable situación es un duro golpe para la educación, un paso en la anulación de las universidades y la búsqueda de que el Estado totalitario, domine y controle la educación.
El CONARE como representante de las universidades públicas costarricenses condena una vez más el proceder del Gobierno nicaragüense en contra de su educación universitaria, el irrespeto a la libertad de pensamiento y la violación a los derechos humanos.
Repudiamos este golpe que deja en el limbo a unos 9.500 estudiantes de pregrado y posgrado, y cierra una casa de estudios con más de 60 años de historia.
Expresamos nuestra solidaridad y cercanía con estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de la UCA.
Hacemos un llamado a la academia centroamericana y a la comunidad internacional para alzar la voz en defensa de las instituciones universitarias en Nicaragua, en apoyo a la educación y a la libertad de pensamiento. A las autoridades del Gobierno de Nicaragua a respetar convenios y tratados internacionales de derechos humanos, a restablecer la paz, la seguridad y el orden constitucional.
