Quejas o Denuncias

Estimado ciudadano

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) tiene como principal función el establecer los mecanismos de coordinación necesarios para el adecuado funcionamiento de la educación superior universitaria en Costa Rica, mediante la personalidad jurídica conferida por Ley N°6162 de 30 de noviembre de 1977; integrado por los Rectores de las Instituciones: UCR, UNA, ITCR, UNED y UTN.

A partir de su labor de velar por el correcto funcionamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal, es que también usted puede contribuir, mediante una queja o denuncia sobre los servicios recibidos, actos de corrupción o hechos que se presumen irregulares, relacionados con el manejo de los recursos públicos de la Institución.

Le invitamos a participar registrando por este medio su queja o denuncia, la cual se atenderá oportunamente tanto esté relacionada con el ámbito de nuestras competencias. Se guardará confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que las presenten.

¿Qué es una denuncia?

Es el acto que realiza una persona física o jurídica, de modo escrito o verbal, para poner en conocimiento a los entes competentes, sobre un hecho que se presume irregular con respecto al manejo de los recursos públicos, con el objetivo de que sea investigado.

Es importante la responsabilidad que asume el denunciante, ya que debe tener certeza o elementos validos sobre el acaecimiento de una situación irregular o ilegal, porque esto podría generar un daño a la honorabilidad de las personas, afectación emocional y asignación de recursos para la investigación; además, se debe tener precaución con los “rumores de pasillo”, porque no siempre son una fuente confiable. En la medida de lo posible, la denuncia debe señalar hechos concretos, para que sea valorada adecuadamente y no corra el riesgo de ser desestimada y archivada.

Se guardará confidencialidad respecto de la identidad de los denunciantes; sin embargo, es importante informar que dicha identidad podría ser revelada a solicitud de una autoridad judicial, ante lo posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada.

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