Respuesta a artículo “Rebelión en la granja”

Marcelo Prieto Jiménez

Rector de la Universidad Técnica Nacional

El articulista Eli Feinzaig, en un artículo sobre la aplicación y los alcances de la reciente reforma fiscal, publicado en la página 24A del diario La Nación del jueves 4 de abril pasado, y titulado “Rebelión en la granja”, hace esta afirmación falsa:

“A cuatro meses de aprobada la ley, dichos riesgos ya se están materializando. Primero fueron los rectores de las universidades, representados por Marcelo Prieto, de la UTN, quien espetó la siguiente joya ante los diputados de la comisión legislativa especial que estudia el uso del FEES: “Las universidades públicas no están sujetas a la ley del gobierno”.

Las leyes no son del gobierno, son de la República, y todo rector, aunque lo sea de una universidad técnica, debe saberlo. Ninguno de sus pares del Consejo Nacional de Rectores lo corrigió, haciéndose cómplices y partícipes de la atrocidad. Algunos, incluso, la complementaron con otras estulticias de su propia cosecha.”

La frase que el articulista Feinzaig pone en mi boca, entrecomillada con todo cuidado con la aviesa intención de que nadie pueda dudar de que efectivamente la dije, es absolutamente falsa.

Ministra de Planificación resaltó ante legisladores aporte de las universidades al Plan Nacional de Desarrollo

2 de abril del 2019.  La Ministra de Planificación, Pilar Garrido Gonzalo, en su audiencia ante la Comisión que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), reafirmó que el Plan Nacional de Educación Superior de las universidades públicas (PLANES) se elabora utilizando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros documentos del marco estratégico nacional. Esto significa que el FEES, expresión presupuestaria del PLANES, contribuye con el cumplimiento de las metas nacionales.

Lo anterior según lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política, donde se señala que: “El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente”.

La formulación del PLANES toma en consideración un análisis del entorno en el que se consideran tanto las tendencias nacionales como las internacionales. Entre las tendencias nacionales se consideran los indicadores nacionales generados por entidades como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, entre otros. Entre las tendencias internacionales se consideran los indicadores generados por Unesco, OCDE, Banco Mundial, Conferencias Mundiales y Regionales de la Educación Superior, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda 2030.

CONARE condena y repudia el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena costarricense

  • Las universidades estatales solicitan a las autoridades competentes investigar con diligencia y celeridad debidas este crimen.

 21 de marzo del 2019.  Ante el lamentable homicidio del líder indígena Bribri Sergio Rojas Ortíz, defensor de los territorios autóctonos y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y las universidades estatales, fieles al respeto de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico que los respalda, condenan y repudian este acto criminal y la violación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, situaciones que se contraponen al ser costarricense y a nuestro Estado democrático y de Justicia Social. 

CONARE solicita a las autoridades correspondientes investigar este crimen con la diligencia y celeridad debidas para identificar a sus responsables, y someterlos a las sanciones penales vigentes, asegurando y manteniendo las medidas de protección oportunas y eficaces a favor del pueblo de Salitre y en especial de la familia doliente.

Nuestro país no debe pasar por alto este hecho que muestra, una vez más, la violación de derechos de los pueblos indígenas que han ocupado nuestros territorios desde tiempos inmemoriales.

Universidades Públicas siempre actúan de acuerdo con la Ley

19 de marzo del 2019.  El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), reafirmó que las Universidades Públicas siempre han estado apegadas a las diferentes normativas nacionales, sometidas a la fiscalización y aprobación de los presupuestos por parte de las entidades correspondientes.

El CONARE y las Universidades Públicas desde el año 2015 iniciaron un estudio actuarial, con proyecciones al año 2050, justamente con el objetivo de analizar y tomar medidas sobre sus ingresos y egresos.  Esta acción fue iniciada incluso antes de que el Gobierno anunciara que el país se encontraba inmerso en una crisis fiscal, reafirmando el compromiso con la mejora constante y el autoanálisis que realizan las universidades estatales. 

Los estudios actuariales han sido la base con la cual las Universidades han planificado una serie de mejoras en su accionar financiero. Algunas de las acciones son:  disminución de incentivos, reajuste salarial no mayor a la inflación, restricción de creación de plazas administrativas, la revisión del tope de auxilio de la cesantía y la incorporación de directrices de eficacia y eficiencia para la sostenibilidad financiera, delineando procesos de austeridad dentro de las instituciones.

Universidades públicas refutan declaraciones de la Ministra de Hacienda

No es cierto afirmar que las Universidades Públicas no den estricta observancia a la Ley de Contratación Administrativa y a la Ley de Control Interno

26 de febrero del 2019.  Luego de la comparecencia de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en la Comisión Legislativa que estudia el Fondo Especial de la Educación Superior, respecto al tema de los superávits sobre los presupuestos de las universidades públicas, los centros de enseñanza de educación universitaria estatal y CONARE manifiestan que:

1. Los superávits comprometidos o específicos de las universidades públicas son aquellos que por la naturaleza de los proyectos y el contexto legal de Costa Rica, pueden requerir para su ejecución más de un año, en algunos casos. Por ejemplo: hay proyectos como mejoramiento de la infraestructura y la adquisición de equipos especializados para la investigación y docencia, cuya ejecución se realiza en un mediano o largo plazo.  Además, las universidades, como otras instituciones, nos regimos por el marco legal vigente, cuyos procesos de contratación generan: permisos, consultas y apelaciones, que en algunas ocasiones retrasan la ejecución de los presupuestos anuales, amparados en la Ley de Contratación Administrativa.

2. Para las universidades públicas el superávit libre se refiere a los recursos que quedan disponibles al final de un año y que no están destinados a ningún proyecto específico. Estos superávits se utilizan en otras necesidades institucionales, como infraestructura y equipamiento, según lo establecido en la normativa del país, sobre esta materia.

3. Los superávits no se pueden usar en el pago de salarios o gastos de operación, según la normativa vigente para todas las instituciones públicas. Por lo cual la recomendación de la Ministra de Hacienda de rebajar a la transferencia del FEES los superávits, deja vulnerables a las universidades públicas en su operación.

4. El superávit de las universidades públicas responde a la ejecución presupuestaria de las instituciones como un todo, donde se incluye no solo los ingresos del FEES, sino también otras fuentes de financiamiento. Por lo tanto, insinuar que todo el superávit es FEES es incorrecto.

UA-16297896-1 ga('set', 'userId', {{USER_ID}})